Resumen: La Sala admite como cuestión que reviste interés casacional objetivo determinar si las subvenciones dirigidas a personas físicas o jurídicas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, que fueron aprobadas en el marco de la pandemia de Covid-19, en este caso mediante la Ley 3/2021, de 26 de abril, gozan o no de la prerrogativa de inembargabilidad, y, en caso negativo, si resulta de aplicación la limitación del artículo 607 LEC.
Resumen: la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar el artículo 2.1.b) y c) LGS , en relación con el artículo 23.1 LGP, a fin de determinar si las subvenciones, por su propia naturaleza, gozan o no de la prerrogativa de inembargabilidad. Y, en caso negativo, interpretar el artículo 607 LEC a fin de valorar su aplicabilidad o no a las subvenciones percibidas por el beneficiario y dirigidas a personas físicas o jurídicas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, que fueron aprobadas en el marco de la pandemia de Covid-19.
Resumen: La actora ejercita una acción de restablecimiento del equilibrio económico de la concesión, quebrantado por los efectos de la COVID-19. Como consecuencia de distintas medidas se produjo una notable reducción de los desplazamientos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, afectando al tráfico de la Autovia, las medidas normativas adoptadas por el Estado y por la Comunidad Autónoma, que impactan directamente en el volumen de los tráficos que circulan por la Autovía, se une el impacto vinculado a la extraordinaria reducción del PIB, y crecimiento del desempleo durante varios meses, aun después de finalizar el estado de alama, efectos directamente vinculados a la pandemia. La sentencia recuerda que la cuestión central planteada en el presente recurso han sido resueltas por la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2022 recurso de casación nº 55/2021. En resumen, el Alto Tribunal concluyó que en las circunstancias analizadas, no se aprecia una situación de confianza legítima que permita fundamentar que la limitación establecida al reconocimiento del derecho al reequilibrio económico, vinculada a que el margen bruto de explotación sea negativo, adoptada por el legislador de urgencia mediante la aprobación del Real Decreto-ley 26/2020, vulnere el referido principio de confianza legítimo, y, por ende, el principio de seguridad jurídica. Se realiza un juicio positivo de constitucionaldiad del art. 25 del Real Decreto-ley 26/2020.
Resumen: La actora ejercita una acción de restablecimiento del equilibrio económico de la concesión, quebrantado por los efectos de la COVID-19. Como consecuencia de distintas medidas se produjo una notable reducción de los desplazamientos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, afectando al tráfico de la Autovia, las medidas normativas adoptadas por el Estado y por la Comunidad Autónoma, que impactan directamente en el volumen de los tráficos que circulan por la Autovía, se une el impacto vinculado a la extraordinaria reducción del PIB, y crecimiento del desempleo durante varios meses, aun después de finalizar el estado de alama, efectos directamente vinculados a la pandemia. La sentencia recuerda que la cuestión central planteada en el presente recurso han sido resueltas por la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2022 recurso de casación nº 55/2021. En resumen, el Alto Tribunal concluyó que en las circunstancias analizadas, no se aprecia una situación de confianza legítima que permita fundamentar que la limitación establecida al reconocimiento del derecho al reequilibrio económico, vinculada a que el margen bruto de explotación sea negativo, adoptada por el legislador de urgencia mediante la aprobación del Real Decreto-ley 26/2020, vulnere el referido principio de confianza legítimo, y, por ende, el principio de seguridad jurídica. Se realiza un juicio positivo de constitucionaldiad del art. 25 del Real Decreto-ley 26/2020.
Resumen: Se cuestiona en el proceso una resolución que impone, a una funcionaria de la Administración de Justicia, una sanción de dos años de suspensión de funciones por la comisión de una infracción muy grave. Caducidad del procedimiento: inexistencia. Recusación: meramente instrumental y carente de base alguna. No es posible la aplicación analógica o extensiva de las causas de abstención o recusación, dado el carácter taxativo de su previsión legal. La separación entre instrucción y resolución en el procedimiento administrativo sancionador "ha de entenderse de separación de funciones, y no propiamente de órganos independientes entre sí. Tampoco se observa que se haya generado indefensión a la expedientada por no haberle acreditado las causas que determinaron la sustitución de Instructor y Secretario, pues ni uno ni otro tenían vinculación con la actora, o interés específico en el asunto, por lo que le resultaba indiferente (incidentalmente añadiremos que la sustitución resultó beneficiosa para la actora, pues la propuesta de resolución del segundo Instructor le resultó más favorable). Denegación de prueba motivada. Inexistencia de indefensión. Actos de trámite no recurribles separadamente salvo que sean de los denominados cualificados. Notificaciones practicadas en forma. Presunción de inocencia: prueba de cargo existente. Inexistencia de justificación. Proporcionalidad de la sanción impuesta. Desestimación del recurso contencioso-administrativo.
Resumen: Determinar si durante la ejecución de un contrato administrativo de servicios, cuando el contratista solicita la suspensión total y no la ampliación del plazo que establece el artículo 34.2 del RDL 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID 19, la administración puede aplicar la regla general de prórroga del artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, si considera que existe la posibilidad de realizar la prestación de resultado y que se mantiene el interés general en su ejecución.
